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Corte Suprema rechaza petición y mantiene en la cárcel a machi

Celestino CórdovaEl condenado por el crimen del martimonio Luchsinger Mackay lleva cerca de 100 días en huelga de hambre. Su situación y la de otros internos han implicado complicaciones de salud y una serie de incidentes en la zona sur.
En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó la petición presentada en favor del machi Celestino Córdova, disponiendo que este siga cumpliendo su condena de 18 años por el incendio que implicó la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en la cárcel. Fue la Defensoría Penal Pública la que interpuso un recurso de amparo para solicitando que, durante el tiempo que dure la crisis sanitaria, el machi cumpla su pena privativa de libertad bajo arresto domiciliario total al interior de su comunidad. La acción fue rechazada el 1 de julio por el Juzgado de Garantía de Temuco y el 30 del mismo mes por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad. El caso terminó llegando hasta la Corte Suprema, donde se terminó confirmando la decisión.

De los antecedentes puestos en conocimiento de esta Corte no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado -poseedor del rango de ‘machi’ desde antes de incurrir en el delito que motivó su condena- se enmarque en alguna de las hipótesis de ilegalidad reseñadas en el motivo precedente, lo que conduce a desestimar el recurso”, dice la resolución. La decisión fue adoptada por los ministros Carlos Künsemuller, Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, con el voto en contra del supremo Jorge Dahm, quien fue de la opinión de acoger el recurso de la DDP, en el sentido de solo permitirle al machi “visitar su rewe por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que pueda realizar allí sus prácticas de curación espiritual, sanación y orientación moral de su comunidad”. Ello, considerando que Córdova es “una autoridad ancestral -machi- para el pueblo mapuche” y que para la comunidad que pertenece “es un guía espiritual del cual añoran sus orientaciones”. Así también, agregó el ministro Dahm, que con su visita a su rewe se da cumplimiento a lo dispuesto en el convenio sobre pueblos indígenas, tomando “así en consideración las costumbres consuetudinarias del pueblo mapuche”. El supremo aseguró que “tal actuación no es contraria a la legislación vigente” y que la visita, por breve lapso, “permite considerarla como parte de la readaptación social del recurrente, que es una de las finalidades de la pena”. Huelga de hambre Por la petición, Córdova lleva casi 100 días en huelga de hambre. Según él mismo anunció, esta pasaría en los próximos días a ser seca. Desde el 15 de julio el machi se encuentra internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Además de Córdova, más de una decena de reos pertenecientes a pueblos indígenas siguen la misma protesta para evitar riesgos de contagio y participar en ceremonias mapuches,, hecho que ha gatillado el deterioro del estado de salud de varios de ellos, además de traslados a centros de salud y el ingreso de médicos independientes a los recintos penitenciarios.
Los mismos reos han acusado ser “presos políticos”, mientras que el apoyo a la manifestación ha llevado a la toma de municipalidades, como también a enfrentamientos entre civiles, policías, y daños a inmuebles. Desde la misma Suprema, la ministra vocera, Gloria Ana Chevesich, indicó hace unos días sobre el tema: “Se supone que se cumplieron todas las instancias, se cumplió el debido proceso legal. Los imputados pudieron hacer alegaciones, rendir pruebas para acreditarlas, pero si fueron desechadas, hay que cumplir la condena”.

Mientras que desde el ministerio de Justicia, cartera que ha sostenido diálogos con los voceros del machi por la protesta, aseguraron que los reos pertenecientes a pueblos indígenas “se han beneficiado en mayor proporción” que el resto de los internos de las excarcelaciones producto de la pandemia. Por el tema también habló el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien se manifestó preocupado por el estado de salud de los reos, valoró los encuentros entre el Gobierno y las comunidades, pero advirtiendo que “eso no significa para nada alterar, modificar resoluciones de los tribunales de justicia”.

 

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